Autor: ONUSIDA

Desde el comienzo de la epidemia del VIH, los gobiernos y el sector privado han impuesto restricciones para viajar que afectan a las personas VIH-positivas que desean entrar en un país, permanecer en él durante un corto periodo de tiempo (viajes de negocios, personales, turísticos, etc.) o durante períodos de tiempo más largos (asilo político, empleo, inmigración, reasentamiento de refugiados, estudios, etc.).

ONUSIDA ha creado un Equipo internacional de trabajo cuya misión es llamar la atención de las autoridades nacionales e internacionales sobre las limitaciones para viajar (en periodos cortos y largos de tiempo) relacionadas con el VIH y avanzar hacia su eliminación.

El Equipo internacional de trabajo sobre restricciones de viaje asociadas al VIH se reunió por primera vez en Ginebra del 25 al 26 de febrero. ONUSIDA y el gobierno noruego presidieron la reunión de forma conjunta, reunieron a representantes de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y a la sociedad civil, además de al sector privado y a redes de personas que viven con el VIH.

Según datos recogidos por el Grupo europeo de tratamiento del Sida, un total de 74 países imponen algún tipo de restricción para viajar relacionada con el VIH, doce de los cuales prohíben el acceso a las personas seropositivas independientemente del motivo y de la duración de su estancia. Los argumentos que más se utilizan para justificar la aplicación de tales medidas son la protección de la salud pública y el coste asociado a la atención, al apoyo y al tratamiento de las personas que viven con el VIH.

Sea cual fuere la razón, estas restricciones atentan contra derechos humanos fundamentales como la no discriminación o la libertad de circulación de las personas seropositivas en un mundo tan caracterizado por la movilidad como el actual.

En el año 2000, la Organización mundial del turismo estimó que al día se producían 698 millones de desplazamientos internacionales en todo el mundo. La mayoría se traducen en estancias cortas asociadas a viajes turísticos, de negocios, conferencias o a visitas familiares. En cuanto a las estancias prolongadas, la Organización internacional para las migraciones (OIM) calcula que 175 millones de migrantes viven y trabajan en la actualidad fuera de sus países de origen, lo que constituye el 2,9% de la población mundial.

Las restricciones para viajar relacionadas con el VIH se aplican en forma de leyes u órdenes administrativas que obligan a los viajeros a declarar su estado serológico antes de entrar o establecerse en un país. Algunos países incluso les someten a una prueba de detección del VIH y otros exigen un certificado que demuestre su estado seronegativo o simplemente que declaren su estado serológico con respecto al VIH.

Realizar pruebas de detección del VIH en estas condiciones es similar a hacerlas obligatorias. Además, en muchos casos se efectúan sin el asesoramiento previo y posterior adecuado o sin garantías de confidencialidad. Toda prueba de detección del VIH debería realizarse de forma voluntaria y bajo consentimiento informado.

El impacto personal de estas restricciones puede ser devastador para aquellos que intentan inmigrar, conseguir asilo, visitar a sus familias, asistir a reuniones, estudiar o hacer negocios. Algunos inmigrantes, refugiados, estudiantes u otros viajeros pueden descubrir, al mismo tiempo, que están infectados por el VIH, que no se les permite viajar y, posiblemente, que los funcionarios gubernamentales, sus familias, sus comunidades y sus empleadores han tenido conocimiento de su estado serológico, lo que les expone a la discriminación y al estigma.

Aquellos que ya se encuentran en un país receptor pueden enfrentarse a una deportación sumaria sin garantías procesales ni de confidencialidad. Estas circunstancias provocan que se intente ocultar o negar el estado serológico y que se evite el contacto con las autoridades de inmigración y los profesionales sanitarios, lo que va en detrimento de los controles de inmigración y de los esfuerzos de salud pública. Además, las personas que viven con el VIH se ven privadas de la prevención, la asistencia y, posiblemente, de los servicios de salud que necesitan. "Las restricciones para viajar asociadas al VIH, en especial por cortos periodos de tiempo, demuestran que el Sida recibe un trato diferente", declaró el Dr. Peter Piot, director ejecutivo de ONUSIDA, que añadió: "Ninguna otra enfermedad impide a las personas entrar a otros países en viajes de negocios, turismo o para asistir a una conferencia. Ninguna otra enfermedad hace que las personas teman que les revisen su equipaje en la frontera en busca de medicamentos que puedan ser usados para negarles la entrada, o lo que es peor, para detenerlos o deportarlos".

Aunque reconoció que cada Estado es soberano en la gestión del control de sus fronteras y de la inmigración, las leyes y regulaciones nacionales deberían garantizar que las personas que viven con el VIH no se ven discriminadas a la hora de ejercer su derecho a viajar, a solicitar la entrada o la residencia en un país extranjero. Las Directrices internacionales sobre el VIH/Sida y los derechos humanos estipulan que cualquier limitación de la libertad de circulación o de la elección de residencia funda da exclusivamente en la situación real o presunta respecto del VIH, incluida la prueba del VIH para los viajeros internacionales, es discriminatoria.

Además de ser discriminatorias, estas restricciones no pueden justificarse por razones de salud pública. El VIH no debería considerarse una amenaza para la salud pública relacionada con los viajes porque, aunque el virus de la inmunodeficiencia humana es contagioso, no se transmite por la mera presencia de una persona seropositiva en un país o por el contacto ocasional.

Por otra parte, estas medidas restrictivas pueden ir en contra de los intereses de la salud pública porque la exclusión de extranjeros VIH-positivos aumenta el estigma y la discriminación de las personas que viven con el VIH, y ello podría disuadir tanto a nacionales como a extranjeros a la hora de solicitar servicios de prevención y apoyo relacionados con el VIH. Asimismo, estos impedimentos podrían fomentar que los ciudadanos nacionales piensen que el VIH es un "problema del exterior" que se ha resuelto impidiendo entrar a los extranjeros, y, por lo tanto, que no sientan ellos mismos la necesidad de ejercer un comportamiento responsable.

Las restricciones para viajar tampoco se pueden justificar por razones económicas. En la actualidad, las personas que viven con el VIH pueden disfrutar de una vida laboral larga y productiva, lo que modifica el argumento económico subyacente en las restricciones globales, pues el gasto de los migrantes en recursos sanitarios debe sopesarse con su contribución potencial. Además, la constante expansión de los programas de tratamiento para alcanzar el acceso universal en 2010, junto con la continua disminución en los costes del tratamiento en países de ingresos bajos y medianos han disipado el mito de que si una persona VIH- positiva viaja, aumenta el coste de los sistemas de atención sanitaria en el extranjero.

La creación del Equipo internacional de trabajo sobre restricciones para viajar relacionadas con el VIH supone una gran oportunidad para llamar la atención de las autoridades nacionales e internacionales sobre las limitaciones para viajar relacionadas con el VIH y avanzar hacia su eliminación.

ENLACES PATROCINADOS