Autor: Universia Knowledge@Wharton

Los todopoderosos Cemex y Banco Santander son las últimas víctimas de una creciente lista de empresas cuyas filiales están siendo nacionalizadas en algunos países de Latinoamérica.

Con Venezuela y Bolivia a la cabeza, este movimiento despierta dudas sobre la seguridad de invertir en ciertos Estados de la región y, sobre todo, abre la puerta a dos interrogante: ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? Y, una vez hecha la herida, ¿cuál es la mejor fórmula para aliviarla? El doctor Carlos Ronderos, ex ministro de Comercio Exterior de Colombia y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, señala que, “salvo que existan cláusulas contractuales que permitan acudir a tribunales de arbitraje internacionales, lo más aconsejable es negociar, ya que la arbitrariedad asociada a una nacionalización, cambiando las reglas de juego de la IED (inversión extranjera directa) puede repetirse en los estrados judiciales“.

El profesor Ramón Eduardo Guacaneme, también docente de la Universidad Sergio Arboleda, insiste en la importancia de negociar con las autoridades del país cuando sucede una situación de este tipo. E, incluso, recomienda empezar a tomar posiciones desde el momento en que el horizonte comienza a amenazar tormenta, sin esperar a que ésta descargue. “La nacionalización es el resultado de un proceso político. Esto implica que no es en sí mismo un tema meramente económico, sino la manifestación última del deseo de un gobernante, que considera que es la mejor vía para lograr dos resultados, esencialmente: un golpe de opinión y un efecto económico. Desde esa perspectiva, un proceso de nacionalización no se da de la noche a la mañana”. Guacaneme señala además que el empresario debe estar en capacidad de identificar factores políticos y sociales “que generalmente son previos a los procesos de nacionalización, y con base en ellos, hacer un ejercicio de análisis acerca de cual sería su mejor opción en caso de ser sujeto, su propia empresa, de un proceso de nacionalización”.

Una situación de este tipo está viviendo la concesionaria española Abertis. Su filial Sabsa tiene el derecho de explotación de los aeropuertos bolivianos de El Alto, Santa Cruz y Cochabamba hasta 2022. Hace dos años, coincidiendo con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, el Gobierno de Evo Morales anunció que podía revertir la concesión, es decir, retirarle a Abertis la gestión de estas infraestructuras y, por tanto, todo el negocio aeroportuario que tiene en el país. Lejos de embarcarse en una batalla política, la compañía, que está asociada en esta empresa con la sociedad pública de aeropuertos española AENA, puso a funcionar toda su diplomacia.

Las explicaciones que dio el ejecutivo boliviano fueron dirigidas en dos direcciones: hacia la falta de inversión en los aeropuertos y a las relaciones con AENA. Pero, a pesar de estas diferencias, Abertis consiguió enterrar el hacha de guerra. Hasta que el Ejecutivo de Evo Morales lo desenterró a principios de este año. Desde entonces, la compañía ha mantenido numerosos contactos con las autoridades del país y ha reiterado su intención de invertir 34 millones de dólares (24 millones de euros) en mejorar las infraestructuras, como refleja el plan estratégico 2007/2012. Además, ha dejado claro que existe un contrato de concesión que debe cumplirse y, en caso de rescindirse, recuerda que existen unas indemnizaciones previstas.

El pequeño salvavidas que supone prever ya en los contratos la posibilidad de una futura nacionalización es una fórmula recomendada por el Doctor Ronderos. “Recomendaría buscar fórmulas de salida o de negociación que puedan estar disponibles en el momento de presentarse el hecho“, señala. No obstante, su colega en la Universidad Sergio Arboleda, el profesor Guacaneme, indica que cada situación es diferente y conviene analizar las opciones personales de cada empresa. “Las agremiaciones sectoriales, la normativa local sobre procedimientos de nacionalización y de indemnización, la naturaleza de la empresa y su origen, son algunos factores que hacen que la estrategia de negociación, en cada caso, sea diferente. Lo que sí es igual es la iniciativa de evaluar con suficiente anticipación, por parte del empresario, el escenario de una posible nacionalización“.

Por ejemplo, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez ha vuelto a dejar claro que en su país no caben los arbitrajes internacionales y cualquier negociación se debe llevar a cabo bajo la luz de las leyes venezolanas. Una medicina que acaban de probar la cementera mexicana Cemex y el banco español Santander. Antes, algunas compañías como el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil intentaron plantar cara en otros tribunales, en este caso, de Reino Unido y Holanda, con dispar resultado. Los británicos revocaron las medidas solicitadas por la compañía, mientras que la presión de los holandeses forzó al Ejecutivo venezolado a aceptar el arbitraje.

Advertidas por experiencias de este tipo, las nuevas víctimas han preferido negociar directamente con el Ejecutivo de Chávez. Banco Santander, por ejemplo, ha optado por negociar directamente la venta de su filial venezolana por entre 860 y 1.300 millones de euros (1.225 y 1.850 millones de dólares). Una vez culmine este proceso, la entidad de sumará a la cada día más larga lista de empresas cuyo activos han sido expropiados en el país, como las anteriormente citadas Cemex y ExxonMobil, la siderúrgica italo-argentina Sidor o la petrolera norteamericana ConocoPhillips.

La forma en que está actuando Santander es aplaudida por el profesor Guacaneme, quien recuerda que “es conocido el adagio de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Salvo algunas excepciones de multinacionales suficientemente poderosas financieramente, se debería acudir inicialmente al arreglo directo. Es relativamente normal que los gobiernos que hacen nacionalizaciones o amenazan con hacerlas tengan un discurso público fuerte y descalificador, pero que en privado pretendan hacer un arreglo que satisfaga a las partes, porque, adicionalmente, también deben ser muy cuidadosos con respecto al resto de inversión extranjera que hay, pues tampoco les conviene generar pánico en un sector que siempre es importante para cualquier Estado, independientemente de su tendencia política“.

De hecho, Venezuela se está resintiendo de su política de nacionalización. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la inversión extranjera directa en el país ha caído desde 2.500 millones de dólares (1.798 millones de euros) en 2005, hasta los 400 millones de dólares (285 millones de euros) que tuvo al cierre del pasado ejercicio.