Autor: Lisbeth Fog (Periodista científica, especial para Universia)

Su aporte al desarrollo del país
En una pausa de su carrera en Colciencias, entre 1978 y 1982, trabajó como subdirector de programación presupuestal de la Dirección General de Presupuesto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, oficina con un gran poder pues define los presupuestos de funcionamiento de las dependencias públicas del país. “Esa experiencia fue fundamental porque hace muchos contactos, sin los cuales la ley de ciencia y tecnología no habría podido aprobarse. Quien la salvó en el último momento fue Gustavo Rodríguez Vargas, quien conocía a Pedro desde su paso por el Ministerio de Hacienda”.

La historia de la ley viene de algunos años atrás e incluye uno de los grandes logros de Amaya, que fue la realización del Foro Nacional de Políticas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas en noviembre de 1987.

“Es la primera vez que se pone a la clase dirigente del país a pensar en ciencia y tecnología”, recuerda Marta Emilia. Al menos diez ministros se sentaron en las mesas de trabajo para presidir las discusiones y promover la interlocución entre diversos estamentos de la sociedad: la academia, el sector productivo y el gobierno.

Tuvo lugar en el paraninfo de la Academia de la Lengua. De allí no solamente salió la propuesta de formular la ley, sino la realización del Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología y la Misión de Ciencia y Tecnología. A partir de entonces se intensifica la labor de convencer a los representantes del sector político para elevar el estatus de la ciencia y la tecnología nacionales.

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