Autor: Mabel P. López – Especial para Universia Colombia

Desarraigo forzado
“En las mañanas y tardes y atardeceres y noches siguientes, los hijos del Atrato, con los nervios en punta, sentían que sus muertos no se encontraban en paz. ‘Los velorios, el novenario, los alabaos, las oraciones, los adulatorios y los responsorios, rituales propios de los negros, se habían quedado sin realizar’. Las cantadoras, sobre todo, sabían más que nadie lo que significaba pasar por alto esos protocolos mortuorios. ‘Los 48 niños masacrados, por otra parte, se habían quedado sin el ‘guali’, esa costumbre africana, conocida también como ‘chiguala’, en la que el cuerpo sin vida del pequeño es alzado de mano en mano mientras se canta, se baila y se juega con él’. Era así como las comunidades negras festejaban al niño que, muerto, se escapaba de la esclavitud. Ahora, no habían tenido la ocasión de festejarlos por haberse librado del infierno de la guerra”.

Este testimonio sobre la masacre de Bojayá, efectuada por la guerrilla FARC el 2 de mayo de 2002 en el Atrato Medio, Chocó, refleja uno de los grandes impactos que ha tenido el conflicto armado en las poblaciones afrocolombianas del Pacífico en las últimas décadas. La mañana de ese fatídico día, la población se vio en medio del fuego cruzado entre guerrilleros y paramilitares que se disputaban el territorio, y 300 pobladores decidieron ocultarse en la capilla San Pedro Apóstol, sin saber que minutos después la guerrilla dispararía contra la edificación tres cilindros de gas- bomba, uno de los cuales destrozó el techo, cuyos fragmentos mutilaron a 114 hombres, mujeres y niños y le quitaron la vida a otros 119 que también se ocultaban a la espera de que un milagro los salvara.

“El éxodo forzado que ocasionó el hecho, impidió que los sobrevivientes realizaran los ritos fúnebres a los cuales estaban acostumbrados antes de enterrar a sus familiares, dándole un golpe mortal a su cultura”, señala el profesor Jaime Arocha. Precisamente esa realidad que viven estos nacionales por cuenta del conflicto armado es su último tema de investigación, que se articula a un esfuerzo de su grupo de estudios para lograr “que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación enfoque de una manera más decidida la desposesión territorial y social de la cual han sido objeto los afrodescendientes, no sólo como consecuencia de la guerra, sino de modelos de desarrollo que pasan por alto los derechos que la Ley 70 de 1993 por fin les reconoció a esos pueblos”.

A pesar de que el organismo fue creado en el año 2005 para darle respuesta a los familiares de las víctimas del conflicto colombiano sobre su paradero y, de paso, jalonar procesos de justicia, hasta ahora (finales del 2007) incluía a las comunidades negras dentro de un grupo general, pese a que han figurado entre las más afectadas por la violencia armada en la últimas décadas.

Dicha violencia se enmarca en una disputa del territorio por parte de grupos de narcotraficantes que buscan una salida pronta al mar para la cocaína y por guerrilleros y paramilitares asociados al negocio. Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, “desde comienzos de la década del ochenta, narcotraficantes de Antioquia han venido comprando tierras cercanas al mar en Acandí y Ungía, en el Golfo de Urabá, y en Juradó, en el norte del departamento; los grupos del Valle del Cauca han comprado en Bahía Solano y Nuquí, también junto al mar, al sur. En Condoto y siguiendo la carretera que comunica con Pereira, han comprado tierras algunos narcotraficantes de Risaralda”. De igual forma, desde finales de los años 80 “la insurgencia logró una fuerte presencia en la parte montañosa del departamento y la actividad de estructuras de autodefensa provenientes del Urabá antioqueño se expresó en cambios bruscos en los indicadores de violencia (homicidios y desapariciones)”, señala la entidad. El conflicto se intensificó desde 1996 con numerosas masacres y tuvo como pico máximo precisamente el año 2002.

Ante este panorama, investigaciones académicas que llamen la atención sobre la riqueza cultural de estas comunidades y los impactos nocivos del conflicto adquieren gran valor para generar políticas públicas destinadas a proteger la integridad y el legado de los pueblos étnicos. Esa es precisamente la intención de Jaime Arocha, a quien le cambia la voz, se le frunce el ceño y se le agita el corazón cuando habla de las injusticias que viven a diario los afrocolombianos.