La ambigüedad sobre el uso de la violencia

Autor: Myriam Jimeno *

Después de todo concluyó el semestre en la UN en Bogotá, aunque con más sobresalto y con más incertidumbre de los aceptables para un buen ritmo de trabajo académico.

Una vez más saltaron a la vista incongruencias profundas entre muchos universitarios, que sirven de aliento a comportamientos lesivos para la universidad pública, hechos, irónicamente, en nombre de la defensa de la universidad pública. Quisiera señalar una de estas incongruencias, la que tiene que ver con el uso de la violencia y su relación con debilidades y carencias en los mecanismos de comunicación y debate internos.

Durante este semestre presenciamos cómo, de repente, las medidas de fuerza de un grupo suprimieron los debates, las críticas y las propuestas de profesores y estudiantes frente a decisiones de la dirección de la UN, en esta ocasión el Estatuto Estudiantil.

La discusión entre universitarios se bloqueó por el llamado "bloqueo" de los edificios, y sus promotores no se pararon en consideraciones con los predios, el mobiliario, ciertas oficinas ni laboratorios. De allí escalaron a las agresiones personales contra otros universitarios, profesores y estudiantes. Del empleo de medios simbólicos como el grafiti ofensivo, se deslizaron hacia la intimidación contra quienes no acataran el uso de la fuerza: correos electrónicos amenazantes, 'pintas' y daños en oficinas, insultos e incluso la agresión física. La asamblea, elevada al puesto de ritual de consagración de decisiones ya tomadas, se erigió en el lugar para acallar a gritos todo matiz, toda diferencia.

Y una vez más se hizo evidente el rasgo más preocupante: la ambigüedad de muchos sobre el uso de la violencia en la universidad.

Esta ambigüedad es el resorte oculto de acciones y de faltas de decisión en distintos niveles. Vacilaciones, condenas a medias, silencios, eufemismos, ocuparon el lugar de lo que se esperaría como la postura de universitarios: la defensa clara del pluralismo, de la diversidad de opiniones y del debate razonado, el rechazo al uso de la violencia que impide nuestra razón de ser. Es que sin decirlo de manera explícita, algunos profesores y estudiantes consideran aceptables o tolerables formas de acción violenta pues se acometen invocando la supuesta defensa de la universidad pública.

Aunque la universidad queda inerme frente a la violencia, consideran ilegítimo acudir a los mecanismos instituidos de control. ¿De qué concepción de lo público se trata, pues es evidente que no del concepto según el cual se defienden los intereses colectivos y a la colectividad en su diversidad? ¿Por qué muchos callan frente a esa usurpación del concepto, banalizado para hacerle daño a la universidad, a su imagen pública y al cumplimiento de sus fines misionales? ¿Por qué el silencio frente a su instrumentación con fines particulares?
Una respuesta socorrida es que los estallidos se deben a la falta de comunicación y debate en la toma de decisiones.

Probablemente es cierto que tenemos carencias serias en los mecanismos de comunicación y que esta es limitada por la vía de la representación de estudiantes y profesores, tanto como su incidencia en el gobierno de la universidad; también es débil la conexión de los representantes con las unidades básicas de la vida universitaria. Tal vez es hora de revisar los mecanismos actuales y tomar en serio varias propuestas de profesores que han puesto este tema en debate, hasta ahora sin mayor eco. Pero en cualquier caso, la revisión de estos mecanismos implica modificaciones en el sistema interno de valores, que debe considerar el pluralismo y la libertad de opinión como la piedra angular de la actividad universitaria y corazón de la noción de lo público. Y allí no tienen cabida ambigüedades sobre el uso de la violencia.

* Myriam Jimeno es Profesora titular Departamento de Antropología- Centro de Estudios Sociales.